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Desestima su último recurso y le niega el derecho a cobrar cantidad alguna del club. La sentencia confirma las dictadas por el Juzgado de lo Mercantil de Donostia y la Audiencia de Gipuzkoa
13 de junio de 2013
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El Supremo ratifica que Badiola es «culpable» del concurso de acreedores de la Real
Badiola interviene en la Junta de Accionistas de la Real de 2011. :: LOBO ALTUNA
IÑAKI IZQUIERDO | SAN SEBASTIÁN..- La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación presentado por el expresidente de la Real Iñaki Badiola a la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Gipuzkoa que le condenaba como «culpable» en el concurso de acreedores de la Real, le negaba el derecho a cobrar ninguna cantidad de la sociedad y le inhabilitaba para administrar bienes ajenos durante un periodo de dos años.

La sentencia, con fecha de 25 de abril, confirma que la Real no debe nada a Badiola, por lo que el club blanquiazul tiene 1,1 millones de deuda menos. El TS, además condena al expresidente y a Lighthouse Consulting SL al pago de las costas del recurso. El proceso termina en esta instancia.

El Alto Tribunal ratifica punto por punto la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, en un fallo que no deja lugar a dudas. Avala la calificación del concurso como «culpable» al admitir la sentencia de la Audiencia que «declaró probado que don Ignacio Badiola Menéndez había participado en la causación o agravación del estado de insolvencia de la Real Sociedad de Fútbol SAD, con culpa grave, y que Lighthouse Consulting SL cooperó con él como cómplice».

Gastos excesivos y comisiones

A partir de ahí, el ponente de la sentencia del TS, José Ramón Ferrandiz, entra en el meollo de la cuestión cuando establece que el hecho de que «los administradores prescindan de tal previsión (en referencia al presupuesto de la temporada) y generen gastos excesivos en relación con los previamente calculados -algunos además de difícil justificación por su cuantía, como los correspondientes a las comisiones debidas a quienes median en la contratación de los deportistas- constituye, como han declarado los Tribunales de ambas instancias (el Juzgado de lo Mercantil número uno de San Sebastián y la Audiencia Provincial de Gipuzkoa) en relación al concurso de la Real Sociedad de Fútbol SAD, la expresión de una grave negligencia».

El juez reprueba también el desempeño del recurrente en la dirección del club al recordar que «el administrador de una sociedad debe desempeñar el cargo con la diligencia de un empresario ordenado y que no se comporta así, sino con grave negligencia, quien gasta más de lo que puede, además, a la vista de las previsiones que él mismo había anticipadamente calculado».

Con esta sentencia, el TS destierra la tesis fundamental de los recursos de Badiola, que defendía que él no era culpable de nada y que la responsabilidad recaía en los consejos anteriores, a los que demandó porque «tenía a la sociedad incursa en causa de disolución sin que nada hiciera al respecto». El tribunal desmonta esta tesis y le reprocha haberse comportado como un «administrador negligente, al gastar más de lo que podía».

Añade que «tampoco la afirmada deficiente gestión de los administradores a los que sucedió don Ignacio Badiola Menéndez purifica la de éste y los posteriores».

El ponente también desbarata su alegación de que no sabía cómo estaba realmente el club: «El desconocimiento por el administrador de la verdadera situación económica de la sociedad administrada ofrece aún menor justificación, ya que añade la evidencia de un flagrante incumplimiento del deber de estar al tanto, en todo momento, de la marcha de la sociedad que se administra». Y establece que Badiola y sus consejeros «en una situación de grave crisis económica de la sociedad precisamente actuaron cual si la misma no existiera».

El TS avala, por tanto, el trabajo de los administradores concursales de la Real, Cristóbal Mañero, Jesús San Martín y Antton Ibargutxi, que fueron quienes impulsaron este proceso y cuantificaron en algo más de cinco millones de euros el desfase provocado por el expresidente que ahora el TS, como antes el Juzgado de lo Mercantil y la Audiencia, consideran la causa de que la Real tuviera que acogerse al concurso de acreedores.

En el cuarto fundamento de derecho de la sentencia, el ponente desmonta todos los argumentos de Badiola, del que dice que «no cabe entender que actuara como lo hubiera hecho un administrador diligente» y al que recuerda que «es notorio que los buenos resultados deportivos no son incompatibles con un diligente rigor». Por todo ello, el juez sentencia que «ninguna de las justificaciones ofrecidas por los recurrentes merecen ser consideradas como tales».

Un millón menos de deuda

El TS ratifica la condena de inhabilitación a Badiola, pero incluye además un elemento que repercute directamente en la situación económica de la Real, ya que el alto tribunal confirma las sentencias anteriores que establecían que el club no debe ninguna cantidad de dinero a su antiguo rector.

Éste reclamó en primera instancia su derecho a recuperar un «crédito» de 2.224.000 euros, del que ya perdió la mitad con la aprobación del convenio de acreedores. Con esta sentencia del Supremo, los 1,1 millones restantes tampoco le corresponden, por lo que la Real puede deducir esa cantidad directamente de su deuda.

Esta pérdida de cualquier derecho que pudieran tener Badiola y Lighthouse ya se estableció en primera instancia, en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Donostia (25 de noviembre de 2010), que recurrió y volvió a perder en la Audiencia (29 de julio de 2011), que confirmó «en su integridad» la primera sentencia.

El recorrido judicial del caso concluye con esta sentencia del TS, ya que está agotada la vía de los recursos ordinarios. Aparentemente, no habría lugar a elevar una apelación al Tribunal Constitucional ya que fuentes conocedoras del proceso explican que ha sido muy detallado y no se habrían dado las condiciones necesarias para que un recurso fuera admitido a trámite.

La Real superó el concurso de acreedores al acordar un convenio, que sigue cumpliendo hoy en día, pero el control de la sociedad está en manos del Consejo con todas sus atribuciones.

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